El cuerpo legislativo otorgó un plazo de 90 días al Ejecutivo para verificar los incumplimientos denunciados en Punta Chacra, Punta Chacra Weekend I y II.
Si las irregularidades persisten, se avanzará con la ejecución de las garantías y otras acciones legales.
El Concejo Municipal de Roldán aprobó por unanimidad este jueves un decreto que insta al Departamento Ejecutivo Municipal a avanzar en la revisión de los incumplimientos atribuidos a Jumito SRL, desarrolladora de los barrios Punta Chacra, Punta Chacra Weekend I y Punta Chacra Weekend II.
La iniciativa recibió el acompañamiento de todos los bloques políticos representados en el cuerpo legislativo, que coincidieron en la necesidad de evaluar la situación actual de los desarrollos urbanísticos y determinar si persisten los incumplimientos denunciados oportunamente.
Plazo de 90 días para determinar la situación
La norma aprobada establece que el Ejecutivo Municipal deberá, en un plazo de 90 días corridos, arbitrar los medios necesarios para determinar si continúan los incumplimientos denunciados en los desarrollos urbanísticos mencionados.
El objetivo es verificar el estado actual de las obras, servicios y compromisos asumidos por la empresa en los distintos emprendimientos, así como evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones pendientes.
Podrían avanzar con la ejecución de garantías.
El decreto aprobado dispone que, en caso de persistir los incumplimientos en Punta Chacra, Punta Chacra Weekend I y Punta Chacra Weekend II, el Municipio continúe con las acciones judiciales correspondientes y avance con la ejecución de las garantías constituidas por la desarrolladora.
Además, el texto establece que se evalúe impedir que la firma continúe desarrollando nuevos emprendimientos dentro de la ciudad de Roldán hasta tanto regularice su situación con el municipio y con los vecinos afectados.
Un reclamo de larga data.
La situación de los desarrollos vinculados a Jumito SRL ha sido motivo de reclamos durante años por parte de vecinos y distintos sectores de la ciudad, especialmente en relación con obras de infraestructura, servicios y compromisos asumidos durante el proceso de urbanización.
Con la aprobación del decreto, el Ejecutivo contará ahora con un plazo de tres meses para realizar las evaluaciones correspondientes y definir los pasos a seguir.
La medida busca determinar si los incumplimientos denunciados continúan vigentes y, de ser así, avanzar con las herramientas legales previstas para exigir su regularización y garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas.
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